*El contrato es por más de 18 millones y el gobierno de Isaac Montoya hace silencio del asunto
Por Leonor Sánchez
NAUCALPAN, Edomex.- El gobierno que preside el morenista Isaac Montoya se encuentra bajo escrutinio luego de adjudicar un contrato superior a 18 millones 500 mil pesos a la empresa Terrenos Estratégicos S.A. de C.V., en un proceso de licitación que ha despertado cuestionamientos sobre la autenticidad de la competencia entre las compañías participantes.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y que publicó el medio digital Aristegui Noticias, dos de las empresas que concursaron comparten vínculos a través de sus representantes legales y apoderados, lo que podría configurar un esquema de simulación de competencia, práctica prohibida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Un procedimiento bajo la lupa
El contrato fue asignado tras un proceso competitivo que se desarrolló en apenas tres días. Sin embargo, la rapidez del procedimiento no es el único punto que genera inquietud.
Entre los elementos que han llamado la atención destacan:
Coincidencia de representantes legales en empresas competidoras.
Intercambio de cargos directivos entre apoderados en fechas cercanas al proceso de licitación.
Poderes notariales otorgados en momentos clave del procedimiento.
Participación de compañías que mantienen relaciones corporativas previas.
En particular, se ha señalado que Rudy Aarón Abad Madrigal y Gerardo Castañeda Zuluaga ejercieron funciones legales en ambas empresas participantes, situación que podría contravenir el principio de libre competencia en contrataciones públicas.
Posibles implicaciones legales
La legislación federal en materia de adquisiciones establece con claridad que no deben adjudicarse contratos cuando existen vínculos operativos o legales entre las empresas concursantes, ya que esto puede traducirse en una competencia simulada.
En términos prácticos, la simulación de competencia ocurre cuando:
Empresas aparentemente distintas compiten entre sí.
Comparten socios, representantes o estructuras administrativas.
Existe coordinación interna para asegurar que una de ellas resulte ganadora.
Se presentan propuestas únicamente para cumplir con el requisito formal de pluralidad.
De confirmarse estos elementos, el procedimiento podría ser sujeto de revisión administrativa e incluso derivar en sanciones.
ANTECEDENTES QUE AMPLIFICAN LA PREOCUPACIÓN
El caso de Naucalpan cobra mayor relevancia porque esquemas similares han sido señalados previamente en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc.
Un reportaje publicado por La Razón reveló en enero de 2026 la existencia de contratos por más de 97 millones de pesos otorgados bajo una dinámica comparable, en la que empresas con representantes compartidos resultaron beneficiadas en concursos públicos.
Aunque el caso capitalino detonó solicitudes de investigación ante instancias fiscalizadoras locales, en Naucalpan hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la apertura de una indagatoria.
SILENCIO INSTITUCIONAL EN NAUCALPAN
Uno de los aspectos que más ha generado cuestionamientos es la ausencia de posicionamiento público por parte del gobierno municipal.
Hasta ahora:
El Ayuntamiento de Naucalpan no ha emitido postura formal sobre los señalamientos.
No se ha informado sobre auditorías internas o revisiones administrativas.
Legisladores locales no han anunciado investigaciones específicas.
No se ha confirmado la intervención de órganos de control estatal.
La falta de respuesta oficial mantiene abiertas las interrogantes sobre la transparencia del procedimiento y la legalidad del contrato adjudicado.
RED CORPORATIVA Y ESTRUCTURA SOCIETARIA
Además de los vínculos entre representantes legales, también se ha señalado la relación con otras firmas como Operadora Meor S.A. de C.V., cuya estructura societaria incluye compañías que han participado en distintos procesos de licitación.
Aunque Operadora Meor ha negado tener contratos con el gobierno de Naucalpan y ha rechazado vínculos actuales con las empresas involucradas, la coincidencia de nombres y cargos dentro de las estructuras corporativas mantiene las dudas sobre la independencia real entre competidores.
IMPACTO EN LA CONFIANZA PÚBLICA
El caso pone sobre la mesa un tema central: la transparencia en el uso de recursos públicos municipales.
Cuando existen indicios de posible simulación:
Se erosiona la confianza ciudadana.
Se limita la competencia real.
Se reducen oportunidades para proveedores independientes.
Se pone en riesgo el correcto uso del presupuesto municipal.
En un contexto donde los gobiernos locales enfrentan exigencias crecientes de rendición de cuentas, la claridad en los procesos de contratación resulta fundamental.
Un caso que exige claridad
El contrato por más de 18.5 millones de pesos adjudicado por el Gobierno de Naucalpan no solo implica un monto significativo del erario municipal, sino que también abre un debate sobre la integridad de los procedimientos de licitación.
La coincidencia de representantes legales, los antecedentes de esquemas similares en otras demarcaciones y la ausencia de explicaciones oficiales colocan al gobierno municipal bajo una lupa pública que difícilmente se disipará sin investigaciones claras y resultados verificables.
La transparencia, más que una formalidad administrativa, es una condición indispensable para garantizar que los recursos públicos se asignen con verdadera competencia y en beneficio de la ciudadanía.
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