POR CONTAMINACIÓN EN PRESA MADIN, LLAMAN LA ATENCIÓN A GEM, NAUCALPAN Y ATIZAPÁN

*Habitantes de Naucalpan y Atizapán hacen sus descargas de drenaje ante la nula prevención de los gobiernos de Angélica Moya y Pedro Rodríguez.

Por Leonor Sánchez

VALLE DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 135/2023 a gobierno mexiquense, de Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza por violar los derechos humanos al permitir que se siga contaminando la presa MADIN.

Esta contaminación se da porque las descargas de los drenajes de estos municipios terminan en dicha presa y no hacen algo para prevenir los alcaldes Angélica Moya y Pedro Rodríguez, más allá de quitar el lirio acuático.

En el documento también se señala al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Arturo Martínez, y a la procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza.

La recomendación se dio el pasado 31 de agosto al entonces gobernador Alfredo Del Mazo, sin embargo será la actual mandataria Delfina Gómez que deba de responder a la queja, así como los municipios panistas.

La queja fue presentada por la Comisión de Cuenca Presa Madín (CCPM) el 5 de octubre de 2021 y en ella se planteaba que la contaminación del agua de la presa es ocasionado por las descargas residuales y que no se tratan, así como por los escurrimientos de lixiviados del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, la disposición irregular de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en barrancas y laderas, el crecimiento urbano desordenado, y la falta de aplicación de un plan de restauración.

Estas acciones, refiere la CCPM, han llevado a que en la Presa Madín se presenten diversas emergencias como la proliferación de lirio acuático y la muerte masiva de peces.

Por ello, el 20 de octubre de 2021 se inició el expediente CNDH/6/2021/9227/Q por lo que se solicitó información a las autoridades señaladas y eso incluía las demandas ciudadanas hechas, amparos, entre otros.

La conclusión de la CNDH señala que hay elementos para probar la existencia de violaciones a los derechos humanos, a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua “por omisiones de servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno”.