*Se calcula que hay alrededor de 10 mil denuncias por robo en el transporte público, incidencia que afecta los municipios de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán.

Por Leonor Sánchez

TOLUCA, Méx.- El diputado local Jorge Hernández Sánchez presentó al congreso mexiquense el punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a que realicen las acciones necesarias para disminuir y prevenir la incidencia del delito de robo a usuarios de transporte público y peatones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por igual, señaló que se evite criminalizar la pobreza ni que se consideren sospechosas, las personas por razón de su apariencia, ya que eso es discriminación y violación de Derechos Humanos.

El legislador dijo que datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Estado de México registra un poco más del 50% del total nacional de casos de asaltos a transporte público, con más de 10 mil denuncias de este delito. Los municipios más afectados son: Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán.

Por igual, refirió que la incidencia del robo al transporte público, es recurrente en las principales vialidades que cruzan el Valle de México, como Periférico Norte, Gustavo Baz, Mario Colín, López Portillo, así como la carretera Atizapán-Nicolás Romero, México-Pachuca y México-Texcoco.

Agregó que en redes sociales se divulgan videos, que en muchas ocasiones se hacen virales, en los que se muestra el alto nivel de violencia física y verbal, así como atentados contra la vida de personas a consecuencia de los robos y aunque la FGJEM y la Secretaría de Seguridad realizan operativos detienen sobre todo a vendedores ambulantes y sospechosos por su sola apariencia, lo que sugiere una práctica que criminaliza la pobreza.

Por último, de acuerdo con organizaciones sociales y de derechos humanos, señalan que estas detenciones se realizan en el marco de la criminalización de la pobreza, y altos niveles de corrupción policiaca que existe en la entidad mexiquense, pues se les detiene con el objeto de lograr cuotas, y metas de personas detenidas por agrupamiento para hacer ver que se combate la delincuencia, o en otro caso, con el objetivo de extorsionarles; lo que constituye una violación a su libertad de tránsito y a sus derechos humanos.

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